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Consultas, ponencias y editorial de trabajo
En las próximas semanas, se librará una batalla crucial
en el Congreso. No solamente se trata del presupuesto
de gasto para 2010 o la definición de la tan debatida
ley de ingresos para el próximo año que incluyen los
polémicos incrementos a los impuestos en medio de la
crisis económica.
También la lucha política por venir se dará por la
renovación de posiciones clave en organismos y poderes
autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, el Instituto Federal Electoral, el Banco de
México y la Auditoria Superior de la Federación, ASF.
En esta última el auditor superior, Arturo González de
Aragón, concluirá a finales de 2009 su periodo de ocho
años y la Cámara de Diputados deberá decidir, por dos
terceras partes, si reelige a González de Aragón por un
periodo de 8 años más hasta el año 2017, como lo
permite la ley; o designa a un nuevo auditor superior
antes de que concluya el actual periodo de sesiones el
próximo 15 de diciembre. González de Aragón ha sido el
primer auditor superior desde que se aprobó la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación en el año 2000
elevándola a rango constitucional.
El avance en la fiscalización de los recursos públicos
y en la rendición de cuentas a partir de la
promulgación de la Ley y con su puesta en práctica por
parte de la actual auditoria superior, ha sido notable.
Ismael Gómez Gordillo, ex subsecretario de egresos de
Hacienda se lo dijo así a El Semanario: "Es como si al
Estado Mexicano se le hubiera colocado en una caja de
cristal para conocerlo". Es una exageración pero no
cabe duda que uno de los logros más notables de
González de Aragón en estos años ha sido la
credibilidad basada en la neutralidad de su actuación
en el cargo. Cuestión harto compleja en medio de un
ambiente político permanentemente crispado y azuzado
por el natural cruce de intereses político-económicos
que se erigen en verdaderas murallas para el avance de
la rendición de cuentas. Allí quedan muestras del
trabajo de la auditoria superior en asuntos como el
escándalo de desvío de recursos públicos en el llamado
Pemexgate, la privatización de Ocean Garden o el manejo
tramposo de los recursos con los Derechos de Trámite
Aduanero; casos que significaron verdaderas batallas en
su momento para vencer las poderosas resistencias.
Los avances saltan a la vista, pero efectivamente las
resistencias y los intereses opuestos también son
muchos. Con todo lo logrado en estos años, la opacidad
en el manejo de los recursos públicos continúa siendo
un tema pendiente en México a tal grado que el país
sigue rezagado en los indicadores internacionales en
esta materia, incluso colocado en los últimos lugares
en la zona de América Latina.
La lucha por un ejercicio transparente de los recursos
públicos y por la rendición de cuentas apenas ha dado
sus primeros pasos en estos años y la ASF es clave para
consolidar este proceso.
Por eso es que vemos un riesgo real de retroceso con el
cambio de estafeta en la Auditoria Superior de la
Federación. Las venganzas y los rencores personales
podrían anteponerse a la importancia de fortalecer a la
ASF en su independencia, neutralidad y eficacia para
prevenir los actos de corrupción. Pero también —y es lo
más delicado— el nombramiento del nuevo auditor podría
convertirse en una "moneda de cambio" de la negociación
política en materia presupuestal. Y eso sería una
pésima noticia para la lucha en contra de la corrupción
y una estocada para el avance de la democracia.
