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Ni un peso más de impuestos si no se eliminan los excesos de gasto y personal en el gobierno en todos sus niveles. Éste debe ser el punto de partida. No el "ni un peso menos" de presupuesto del rector de la UNAM.
Los administradores de los recursos públicos suelen partir de la premisa de que el dinero es suyo. Están equivocados. Es nuestro. Nosotros tenemos derecho a los servicios que nos prestan, no ellos al presupuesto. A la UNAM le han planteado para este año un recorte del 1 por ciento. ¿De verdad no les sobra el 1 por ciento de su personal administrativo, el 1 por ciento de su gasto en publicidad, o incluso el 1 por ciento de sus alumnos o maestros? ¿No pueden hacer ese esfuerzo para no tenernos que quitar el 1 por ciento adicional de nuestros impuestos?
Sí podrían, de no quedarles de otra. Pero es más fácil presionar a Hacienda, buscar ayuda en los diputados, y que ambos nos presionen y nos saquen más dinero. Tenemos menos capacidad de protesta que los administradores de recursos públicos. La UNAM no tiene desperdicios conspicuos, aunque el tener 27 mil 522 trabajadores administrativos por 16 mil 412 académicos de todos los niveles (descontados profesores de asignatura) parece un exceso. La UNAM es un gasto deseable. Sin embargo, también nos tenemos que preguntar si obtenemos a cambio de nuestro dinero un servicio razonable en precio y calidad. No son pocos recursos. Este año la UNAM tiene un presupuesto de 22 mil millones de pesos (sólo recursos federales), similar al presupuesto del estado de San Luis. Se trata de un monto cercano a todo el ingreso por tenencia esperado para este año.
Sin entrar en el debate de qué obtenemos por nuestro dinero, hay mucho que recortar en el sector público. Basta ver los escándalos cotidianos, como los viajes a un hotel del lujo por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; los excesivos salarios del Poder Judicial; los abusos y trampas de los diputados; las decenas de miles de trabajadores de Pemex que no hacen nada, literalmente, porque ya se quedaron sin materia de trabajo, pero no se les puede ni mover de lugar; los gastos publicitarios de los gobernadores, muchos de los cuales dicen estar quebrados; los 100 millones de pesos que gasta al año Luz y Fuerza para mover en efectivo la nómina cada semana porque el contrato colectivo impide usar tarjeta de débito. La lista de abusos crece todos los días. Uno solo de esos abusos sería un escándalo en otro país.
Hay abusos fáciles porque les sobra dinero. ¡La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuesta más que todas las comisiones equivalentes de América juntas! Cuando el dinero sobra hay que gastarlo antes de fin de año, por ello hacen publicaciones de libros que nadie lee, o simplemente se compran edificios caros, ya sea por irregularidades o porque sencillamente no les pareció un despilfarro. Con el dinero de otro nada parece caro.
Hemos tenido un gobierno caro y de baja calidad, pero que nos cuesta poco. Los mexicanos sólo pagamos unos 11 puntos del PIB en impuestos, frente a más del doble en Chile o Argentina. La diferencia entre impuestos y gastos ha sido el petróleo, el cual pagó el gasto excesivo del gobierno. No era un dinero que saliera de nuestra bolsa. Por eso protestábamos poco. Ahora que lo quieren sustituir con más de nuestros impuestos, debemos exigir se hagan antes recortes de fondo.
Una propuesta. Las instituciones deben probar que su gasto no es excesivo. Hay números sencillos. ¿Cuánto personal tienen instituciones equivalentes en otros países del mundo, ajustado por población y cobertura de servicios? Alternativamente. ¿Cuánto cuestan instituciones equivalentes en el mundo? Conformémonos con que nuestros órganos autónomos y nuestros partidos políticos sean los segundos más caros del mundo. Con eso bastaría para abaratar de forma importante el presupuesto de los órganos autónomos. Cada entidad debiera proveer los datos. Los diputados simplemente los validarían. Si no dan el dato, asumamos que sobra la tercera parte y hagamos el recorte correspondiente. Para ello, hay que reformar la ley para que los trabajadores que sobran puedan ser despedidos a un costo razonable para la entidad, dándoles tiempo y recursos para poderlo procesar.
Si pasada esta prueba aún se requieren más impuestos, entonces hablamos. Aunque primero se deben quitar privilegios fiscales como el de los partidos políticos y sindicatos y los muchos otros que no pagan un centavo de impuestos.
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