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Dos atentados contra la democracia y la rendición de cuentas ocurrieron la semana pasada. La negativa de brindar la información de Arturo Montiel al PAN y el veto de Enrique Peña a la iniciativa que daba mayores atribuciones al ITAIPEM. Me parece que ambos hechos están relacionados y que responden a intereses políticos más que al beneficio de los ciudadanos.
La negativa del ITAIPEM de la solicitud hecha por el PAN para hacer públicas las declaraciones patrimoniales de Montiel me parece razonable, aunque no apegada a derecho. Estoy a favor de que los ciudadanos podamos guardar la privacidad de nuestros datos y nuestra vida. No obstante, cuando un ciudadano se convierte en funcionario público mucha de su información se convierte en dominio público. Aunque la ley reserva cierta información de los servidores públicos como privada o confidencial, no debe ser así con sus bienes, sobre todo si se sospecha que estos fueron adquiridos con recursos públicos, tráfico de influencias o corrupción.
El logro de la ley de transparencia en este sexenio tiene el objetivo de reducir la corrupción, pero también de obligar a los funcionarios a rendirle cuentas a la ciudadanía. Por eso el fallo del ITAIPEM sienta un precedente negativo, ya que no contribuye a impulsar la transparencia de la información de los funcionarios públicos del Estado, sino por el contrario, convertirse en cómplice, bajo el pretexto de ser información confidencial, para ocultar datos que podrían revelar si Montiel se hizo de patrimonio en forma indebida.
Curiosamente cuando se conoce esta decisión, el Gobernador Enrique Peña decide vetar una iniciativa que le otorga al ITAIPEM capacidades acusatorias e incluso penales de llevar a funcionarios públicos que se nieguen a brindar información considerada como pública. Esta "coerción" que pretendían los diputados de la anterior legislatura castigaría a los funcionarios.
Peña argumentó que faltan "adecuaciones" a esta reforma para que sea más completa. Coincido en que se requieren más elementos que definan con mayor precisión los alcances de esta parte acusatoria y que no se convierta en un juicio sumario por intereses políticos más que por el apego a la ley. Sin embargo, esto parece que es una protección más para Montiel, sobre todo por que al primero que se podría "castigar" con dicha ley es al propio gobernador que no ha entregado la información de Montiel y que no ha impulsado la apertura del proceso legal en contra de su predecesor.
En suma, me queda claro que el asunto Montiel está impactando en las instituciones de nuestro Estado, no sólo por que su caso ha impedido reformas a la ley de transparencia, sino por que la atención a su proceso les ha quitado tiempo y recursos a los diputados y funcionarios estatales, unos por acusarlo y otros por tratar de defenderlo.
POR OAXACA
El conflicto político entre los maestros oaxaqueños y su gobernador ha convertido a dicha entidad en una vergüenza nacional. No sólo por que un grupo ha tomado como rehén la capital estatal, sino por que ha generado un clima de ingobernabilidad que impacta en la tranquilidad de sus habitantes.
Pero además demuestra la inoperancia de un sistema político que se encuentra en el limbo mientras el nuevo presidente no asuma el poder, y el presidente actual parece atado de manos por no querer dejarle una confrontación política a su sucesor. Esto debe cambiar. Las reglas políticas, las instituciones, deben mejorarse para que esto no vuelva a ocurrir en Oaxaca y en todo el País.
