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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recaba información que pueda probar el incurrimiento de abusos de autoridad.
La acuciosidad conocida con la que la CNDH levanta testimonios y rastrea todo tipo de información es fundamental para disuadir los excesos.
En el caso de Oaxaca, la presencia de la Comisión desde el pasado 15 de junio y hasta la fecha ha sido una presión fundamental para que cualquier operativo de autoridades locales y federales esté apegado a derecho.
Durante los enfrentamientos de la última semana, para cada declaración de las autoridades federales sobre el número de heridos o de muertos, hay una versión de la CNDH que, por su posición imparcial, resulta más creíble.
Nadie como la CNDH sabe del valor de la información, recabada por diferentes vías, como el medio para llegar a la verdad. Pero, además, nadie como ellos sabe que en la rapidez con que se consigue cada nuevo elemento de información está el ganarle la batalla a futuros abusos.
Por eso resulta incomprensible que la CNDH sea una autoridad indolente -por decir lo menos- al momento de garantizar el acceso a aquella información que ellos mismos resguardan.
A menos de que crean que por ser los defensores de los derechos humanos ellos deben ser medidos con una vara distinta.
El estudio que a solicitud del IFAI realizó el Centro de Investigación y Docencia Económica deja muy mal parada a la CNDH (www.ifai.org.mx).
En este trabajo de Sergio López Ayllón y David Arellano Gaut se evalúa el cumplimiento con la Ley de Transparencia de los Otros Sujetos Obligados (OSOS): la UNAM, el Banco de México, el Infonavit, la Suprema Corte, entre otros.
La posición global de la CNDH es el lugar 11 de 16. Pero si nos vamos al desglose de la evaluación, las incongruencias de la CNDH se vuelven más evidentes.
El estudio hace una distinción pertinente entre dos conceptos que frecuentemente -incluso en esta columna- se usan como intercambiables, pero cuyos significados difieren: "transparencia" y "acceso a la información".
"Transparencia" es un concepto más general relacionado con la obligación de los órganos del Estado de ampliar su oferta informativa sin que haya peticiones específicas de por medio. El cumplimiento con esta parte de las obligaciones derivadas de la Ley se mide, entre otros indicadores, revisando lo que está permanentemente disponible en la red.
Al decir "acceso a la información" nos estamos refiriendo a aquellas situaciones en las que una persona hace una petición determinada sobre algún elemento de información de su interés particular.
Estamos hablando del ejercicio de un derecho fundamental y el cumplimiento con él. En el estudio del CIDE se mide a través de usuarios simulados que siguen los procedimientos para obtener la copia de un documento público.
Es en esta segunda parte, es decir, en el cumplimiento con un derecho humano fundamental, donde la CNDH sale pésimamente evaluada, en el lugar 14 de 16. En una escala de 0 a 100, el Infonavit saca 95 y la CNDH, 31.
La calificación obtenida por la CNDH es consistente con antecedentes conocidos de la Comisión de resistirse y arrastrar los pies cuando una solicitud le resulta incómoda, como en el caso de los 208 expedientes concluidos en enero del 2003 que le fueron solicitados por el Programa Atalaya del ITAM y que la CNDH se negó a entregar por meses.
Sobre el trabajo de investigación del CIDE, los miembros de la CNDH seguramente se defenderán diciendo que les faltan recursos para atender mejor a los solicitantes y que a los usuarios simulados les faltó cumplir con algún requisito para completar la solicitud.
Aquí el punto es que todos los órganos evaluados recibieron solicitudes idénticas bajo circunstancias también iguales y, seguramente en algunos casos, fue necesaria la orientación de la dependencia hacia el solicitante.
Lo inaceptable es que, examinado en igualdad de circunstancias contra sus pares, el órgano que defiende los derechos humanos esté lejísimos de ser el campeón en el respeto al derecho de acceso a la información pública.
Juan Ciudadano es el nombre de pluma de un grupo de personas preocupadas por el derecho a la información.
