Fiebre de bonos por Tonatiuh Bravo Padilla

El final del sexenio, a nivel local o federal, se está convirtiendo -de nueva cuenta- en una olla de presión propicia para la incubación de una de las más atrasadas prácticas políticas en el País: el otorgamiento de bonos.

Aprovechando el Día del Servidor Público, el Gobierno del Estado de Jalisco hizo entrega de bonos a directivos y funcionarios no sólo del Poder Ejecutivo, sino también de los Poderes Legislativo y Judicial. Al margen de las recomendaciones hechas por el Comité Técnico de Valoración y Transparencia Salarial, en el sentido de que las compensaciones deben estar vinculadas a indicadores de desempeño, que transparentaran su asignación.

Desde el punto de vista legal, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Gubernamental establece:

"Artículo 46 Bis.- El Presupuesto de Egresos que apruebe el Congreso del Estado debe cumplir con los principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad y proporcionalidad y especificar el sueldo y demás prestaciones de ley que les corresponda al Gobernador, Secretarios, Subsecretarios, titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, diputados, magistrados del Poder Judicial, magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, consejeros del Consejo General del Poder Judicial, consejeros electorales, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y demás servidores públicos, atendiendo lo previsto en la Constitución Política del Estado, la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás normatividad legal aplicable, sin que se realice la incorporación, bajo ninguna circunstancia, de bonos anuales o con cualquier otra periodicidad, gratificaciones por fin del encargo u otras percepciones de similar naturaleza, adicionales a la remuneración que deben recibir legalmente los servidores públicos, cualquiera que sea su denominación".

En el ámbito federal, las cosas no son muy distintas. Los dirigentes de los trabajadores al servicio del Estado están presionando para la entrega del llamado bono sexenal y, no obstante las respuestas expresadas por el vocero presidencial, lo cierto es que en diversos círculos oficiales del Ejecutivo federal se maneja como cierto que lo anterior es resultado de la entrega discrecional de bonos para los altos mandos del Gobierno federal.

La nota principal la dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), el cual constituyó un fideicomiso millonario que culminaría la carrera de los magistrados electorales con un bono de retiro por diez años de trabajo superior a los siete millones de pesos.

Fue tal el escándalo generado por esta situación que se ha anunciado una "devolución" a la Tesorería de la Federación por 65.4 millones de pesos. No obstante, existen tres fideicomisos por más de 88 millones de pesos para el retiro de magistrados y funcionarios. La propia Auditoría Superior de la Federación ha expresado sus dudas fundadas sobre la legalidad de estos fideicomisos y el eventual destino de los recursos.

Es conveniente recordar que los magistrados electorales del Trife cuentan con sueldos y bonos que en total les asignan percepciones superiores a los 300 mil pesos mensuales en promedio, razón por la cual resulta un verdadero atraco al erario la pretendida asignación.

Como podemos ver, no es fácil tratar de cambiar al País. Sólo nos falta agregar los recursos utilizados por varios gobiernos municipales para la entrega de bonos a regidores y funcionarios.

La fiebre sexenal de bonos pasa transversalmente por los partidos políticos e involucra a buena parte de éstos, implica a todos los niveles de Gobierno y proviene de sus más altos niveles.

Resulta verdaderamente incomprensible que en el gobierno del cambio, estas prácticas continúen y se expandan a todos los niveles, sin que pueda haber dique que los contenga. Habrá que revisar a fondo si es posible acabar con estas prácticas a través de la legislación federal.