Información Pública por J. Cárdenas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe saber que transparencia sin deliberación es simulación. El proceso que ese órgano ha concebido para proponer las ternas de candidatos a magistrados electorales al Senado de la República es simulado e irregular. Simulado porque ciertos ministros, según lo han relatado legisladores, han estado acordando con los senadores, los nombres de los candidatos y han aceptado los vetos de éstos, cuando en este momento procesal al Senado no le correspondía intervenir. Los ministros simulan actuaciones y decisiones no tomadas en primera instancia por ellos y se encargan de reproducir en el pleno de la Corte los encargos, filias y fobias de los senadores. Lo más grave es que los detalles de esos entretelones del poder no son transmitidos a la sociedad. A ésta se le trata como menor de edad, indicándole que la Corte analiza antecedentes y requisitos de los candidatos, cuando esto no es así, pues esos antecedentes y candidaturas ya fueron decididos en el Senado o en los partidos. La difusión televisada de los acontecimientos es un simulacro cruel e hipócrita. En nombre de una inauténtica transparencia, la Corte con pérdida de independencia por su sumisión al poder político, asume como propias las decisiones tomadas en otras instancias. La simulación referida queda de manifiesto cuando se analiza el procedimiento para definir las ternas de candidatos a magistrados electorales que se han propuesto al Senado. Éste presenta, entre otras, las siguientes irregularidades: 1) Se dio un plazo muy breve, de unos cuantos días, para que abogados que cumplieran requisitos se inscribieran. El propósito de la brevedad del plazo fue que muchos abogados del país no se enteraran ni inscribieran. 2) En las transmisiones televisadas del Canal del Poder Judicial, los ministros nunca deliberan, es decir, razonan, argumentan o prueban, por qué unos candidatos son más idóneos que otros. La transparencia sin deliberación es simulación. 3) La transparencia además no es formalmente plena. La Corte informó que hubo candidatos que recibieron apoyos y objeciones, pero que esos datos no los iba a hacer del conocimiento público. 4) Suponiendo sin conceder que los ministros hayan leído los apoyos y objeciones a los distintos candidatos y, que esos elementos sirvieron para normar su juicio, resulta contrario a derecho, al derecho de defensa y de audiencia, que ciertos elementos se utilicen en las decisiones, sin haberle dado al afectado ni siquiera el derecho de aclarar. 5) El procedimiento tiene por objeto que nadie sepa por quién votó cada ministro ni qué razones tuvo para ello, y si estos argumentos son o no razonables. La Corte es una institución que ha eludido responsabilidades. 6) La mayor parte de los finalistas -de la lista de los 32- provino del Poder Judicial, y esos 22, no fueron escogidos por sorteo o por méritos, sino por ser los favoritos de los ministros. Los secretarios de acuerdos de la Corte, los consejeros de la judicatura, el hijo del tesorero de la Corte, etcétera. 7) Los finalistas -de la lista de 32- que no son del Poder Judicial de la Federación, provinieron en su mayoría del statu quo oficialista y derechista del país. Son en buen número abogados conservadores. Las universidades públicas no están bien representadas. La simulación y las irregularidades de este procedimiento para designar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación candidatos a magistrados electorales, es una prueba más del carácter opaco y tendencioso de la Corte. Una Corte no al servicio de los ciudadanos sino de los grandes intereses económicos y políticos del país. Una Corte no independiente -muestra de ello es el procedimiento en comento- y la manera en que se ha designado a casi todos los últimos ministros de la Corte y consejeros de la judicatura federal propuestos por el Senado, en donde las designaciones obedecían a un pacto y reparto de posiciones entre los anteriores coordinadores parlamentarios del PAN y del PRI. Me preocupa como mexicano y más allá del interés personal que tuve al participar en un concurso que hoy sé fue simulado e irregular, que a la izquierda en México se le quiera comprar por tres monedas. Dentro de los sectores oficialistas existe la tentación de legitimar a toda costa las deficientes instituciones nacionales, arrojándole confeti a la izquierda para ver si cae en la trampa de las designaciones fáciles y las reformas incompletas. La legitimidad de los órganos electorales es muy importante para restablecer la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral y, me temo, por lo que se está haciendo con la futura composición del Tribunal Electoral, que se está muy lejos de ella.