Transparencia a modo… por María Elena Morera

Está por cumplirse una década de promulgada la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental (LFTAIG) y es necesario hacer un recuento de los avances, retos y oportunidades en que debemos ocuparnos los mexicanos en vísperas de las próximas elecciones.¿Qué tan transparente ha sido el gobierno federal a diez años de contar con una ley? Este cuestionamiento puede resultar en una polémica que nos llevaría a una larga discusión en la que, por esta ocasión, no nos vamos a enfrascar. Para empezar, los panistas se encargaron de dar el banderazo, en 2002, y desde entonces han marcado las directrices en la implementación de la ley. Así que el punto de referencia sobre cómo los príistas o perredistas han transparentado sus gestiones ha sido sólo a nivel estatal y municipal.Esta oportunidad se antoja para pedirles a los candidatos presidenciales que nos hablen de las estrategias para darle continuidad y mejorar la LFTAIG y al IFAI.Debemos demandarles su compromiso para garantizar a los ciudadanos que las secretarías y órganos obligados cumplan con sus funciones y rindan cuentas.Es necesario también preguntarles a los aspirantes si alguno de ellos hará que los partidos salgan de la opacidad en la que convenientemente se empeñan en permanecer. Si van a aplicar con rigor la protección de datos personales y si harán de la Ley Federal de Archivos una disposición de letra muerta o la acatarán cuando alguno de ellos ocupe la silla presidencial.Ojalá, que nos hagan una interesante propuesta y no vayan a imitar a quien decretó la ley y luego se hizo “ojo de hormiga” cuando debía aplicar estas disposiciones durante su régimen y sobre todo al final del mismo, porque a la fecha el acervo de Fox, trasladado apenas en 2010 al AGN, todavía se encuentra en etapa de cotejo, o sea aún no se hace público, para que los ciudadanos hagamos un escrutinio de su gestión, porque hoy, hoy, hoy es imposible hacerlo.No queremos repetir la historia de Fox, y su peculiar forma de ser “transparente”, así que por adelantado solicitamos a Felipe Calderón y a los secretarios de Estado que tienen las horas contadas, dejen fuera de la mudanza cualquier documento que dé cuenta de las gestiones hechas en su administración.La memoria documental de México no es propiedad privada, no es accesorio para casas suntuosas, de esas que curiosamente llegan a habitar los gobernantes cuando dejan el cargo. Es la historia del país, pertenece a todos los mexicanos, es el instrumento del cual disponemos para conocer las decisiones que tomaron cuando ejercieron el poder. Debemos estar atentos, ya que los que ahora se desviven por ganar nuestro voto, que en los discursos son “seres inmaculados” y dicen rendir cuentas transparentes, cuando vuelvan estar en el poder tratarán de justificar que la información a la que queremos tener acceso es inexistente, está reservada por décadas o tiene carácter de confidencial.La Ley Federal de Archivos, aprobada a principios de año, llegó tarde pero al fin llegó, sin embargo aún falta el reglamento, además hay que difundirla entre funcionarios públicos y ciudadanía, para evitar que los primeros tengan la tentación de llevarse documentos oficiales y la sociedad tenga la certeza de que hay regulación que le permite conocer a fondo sobre las decisiones tomadas por los que una vez fueron candidatos.No queremos transparencias a modo, queremos que se respeten las leyes para promover la cultura de la legalidad y así fortalecer el Estado de derecho. Esperamos que Calderón y compañía ya estén alistando sus registros documentales y los dejen en completo orden, sin pérdidas ni desapariciones y a tiempo cuando termine su mandato.