¿Límites a la transparencia? por Isidro H. Cisneros

Frecuentemente escuchamos que “información es poder” y que la “información nos hará libres”. Es la tensión que existe entre la publicidad de lo secreto que se contrapone a la privatización de lo público. La democracia busca limitar al máximo el poder invisible de los gobernantes y ahora que tanto el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), como su versión local el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), se encuentran en un proceso de sustitución y renovación de los comisionados ciudadanos que los integran, es necesario reflexionar sobre la vigencia del derecho humano a la información pública en nuestro país. La transparencia es un rasgo distintivo de un estado democrático de derecho. Se trata de información que le pertenece al público, la cual es administrada por el Estado. En nuestras sociedades el ciudadano es el sujeto del derecho humano a la información, es un sujeto universal dado que el “derecho de saber” se atribuye a todas las personas de igual manera y no cabe hablar de excepciones ni de privilegios. El bien que se protege es una información objetiva, adecuada y oportuna que permita al ciudadano tomar mejores decisiones. De esta forma se puede hablar de una esencialidad del derecho humano a la información que es indispensable para que los intereses jurídicamente tutelados, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos, en una palabra, que puedan ser exigidos por los ciudadanos. El derecho a la información busca combatir la corrupción, lograr la efectiva rendición de cuentas, la transparencia de los sujetos obligados, reducir los rumores y tergiversaciones en la opinión pública, y representa una herramienta indispensable para mejorar la calidad de vida de las personas. En las democracias el proceso de toma de decisiones se sustenta en la información con que se cuenta, si la información es reducida o de mala calidad, las decisiones correrán la misma suerte. En consecuencia, un ciudadano informado puede tomar mejores decisiones por lo que no solo es una cuestión de vigencia de la ley, sino de eficacia social de la misma. Es un asunto que pasa por la creación de una cultura ciudadana de la transparencia. En este contexto, el derecho humano a la información es una prerrogativa de la persona para acceder a datos, registros y todo tipo de informaciones en manos de entidades gubernamentales y empresas privadas que ejercen gasto público o desempeñan funciones de autoridad. Lo mismo ocurre con el derecho a la protección de los datos personales que tienen los ciudadanos para conocer de su inclusión, acceder y corregir toda la información que sobre ellos contengan los bancos de datos o registros, exigiendo garantías de confidencialidad de determinada información obtenida legalmente para evitar su conocimiento por terceros. Este derecho debe tutelar de manera especial información de la persona sobre su filiación política y gremial, creencias religiosas, vida íntima y toda aquella que pudiera directa o indirectamente producir discriminación.

Aunque en México se ha extendido el derecho a contar con entidades públicas que rindan cuenta de sus actos ante la sociedad, como expresión del contrato electoral entre gobernantes y gobernados que periódicamente debe ser revisado, aún faltan muchas cosas por hacer. El derecho humano a la información es un medio de fiscalización y participación efectiva de todos los sectores sociales sin discriminación. Es un termómetro que permite monitorear de manera eficaz la acción del gobierno así como evaluar, controlar y supervisar a los servidores públicos. A propósito del estado que guardan tanto el IFAI como el INFODF preocupa la paulatina ausencia ciudadana en ambos entes autónomos. En el primer caso, el presidente Calderón ha propuesto a un colaborador suyo, Gerardo Laveaga, quien ha criticado al IFAI por sus resoluciones a favor de la sociedad como se manifiesta en su artículo “Los Límites de la Transparencia”. En el segundo caso, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene una lista de candidatos en donde destacan personas sin experiencia en el tema, con la salvedad del doctor Armando Hernández académico de la UNAM y defensor de la máxima publicidad y transparencia así como los actuales comisionados quienes plantean reelegirse, por lo que el panorama resulta desalentador. El derecho humano a la información fortalece a la democracia en cuanto proporciona legitimidad y contenido a la discusión sobre la adopción y el tipo de decisiones públicas. No debemos olvidar que la palabra república deriva de res-publica que significa la cosa pública, en el doble sentido de gobierno del público y de gobierno en público, es decir, que el poder político sea ejercido de cara a la sociedad. Debemos defender a los órganos ciudadanos dado que no puede existir democracia sin una sociedad que exija su derecho a ser informada de las decisiones que son tomadas en nombre del interés colectivo.